Según la ONU cuatro millones de argentinos sufren la carencia de alimentos, pese a que Argentina produce para 450 millones de personas

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La relatora especial sobre el derecho a la alimentación realizó este viernes en Buenos Aires una encendida defensa de la agricultura familiar de Argentina, que sirve para asegurar la disponibilidad de alimentos en unos momentos en que el país sufre una grave crisis económica.

Esta fue una de las principales conclusiones a las que llegó Hilal Elver tras una visita de diez días a la nación sudamericana donde visitó las provincias de Buenos Aires y Chaco. La experta se reunió con altos funcionarios gubernamentales, representantes del sistema de la ONU, miembros de la comunidad indígena Quom, familias de agricultores, representantes de organizaciones no gubernamentales, y diversos actores pertenecientes a la sociedad civil.

Según las cifras que maneja Elver, la agricultura familiar es de vital importancia para el país ya que agrupa alrededor del 80 por ciento de los agricultores en la Argentina y suministra casi la mitad de la fruta y verdura que se consume en el país.

“Entiendo los desafíos que enfrenta la Argentina, pero soy crítica respecto a decisión del gobierno de aprovechar la crisis económica actual para desmantelar el apoyo al sector de la agricultura familiar, mediante el despido de cerca de quinientos trabajadores y expertos del Ministerio de Agroindustria”.

Añadió que esta decisión, aparentemente estaría encaminada a promocionar “aún más la agricultura industrial orientada a la exportación, principalmente de soja y maíz”. En Argentina, la superficie de cultivo de soja es de 19 millones de hectáreas, el 56% de las áreas de cultivo en el país.

Adoptar este tipo de medidas durante una crisis económica impactará negativamente en el cumplimiento del derecho a la alimentación de las personas más pobres, destacó la relatora.

Los más vulnerables sufren más

Asimismo, las autoridades han de advertir de qué manera impactan las medidas de austeridad en la cesta de la compra de las capas más vulnerables de la población.

“En situaciones de crisis con una inflación extremadamente alta, las personas que ya son vulnerables -como los campesinos que no poseen tierras, los trabajadores agrícolas, los migrantes y pueblos originarios- sufren más, y el medio de subsistencia de muchos está en riesgo”.

La defensa del derecho a la alimentación es una obligación legal del gobierno y una cuestión de derechos humanos.

Entre las consecuencias que pudo percibir Elver señaló que hay “un creciente número de personas que va a comedores o se salta una comida, y que los niños se ven forzados a depender de los comedores escolares para su comida diaria”.

La experta subrayó que cuando un país sufre una crisis económica, la defensa del derecho a la alimentación “es una obligación legal del gobierno y una cuestión de derechos humanos”.

Además, destacó que el modelo agrícola de producción comercial masiva basado en la exportación, principalmente de soja y maíz transgénicos, no benefician el derecho a la alimentación ya que produce tasas de deforestación “peligrosamente altas”, el aumento de uso de agroquímicos en las tierras contamina el agua y son perjudiciales para la salud humana.Elver estima que Argentina produce alimentos para 450 millones de personas, sin embargo, alrededor de 4 millones de sus habitantes sufren “una seria inseguridad alimentaria”.

Por último, se mostró preocupada por el alto consumo de alimentos ultra procesados en Argentina, uno de los motivos por el cual el 60% de la población es obesa o padece sobrepeso.

La relatora presentará en marzo de 2019 un informe con sus recomendaciones finales al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

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